La salud es un activo social, está
relacionado directamente con la alimentación,
y los productos que sirven de base para proporcionar la energía el cuerpo necesita, las principales fuentes de
energía que nos proporcionan los alimentos tienen su origen en la agricultura y
industria.
Una sociedad que garantice la producción y
comercialización de productos de origen agrícola e industrial con las garantías
básicas para su uso, a largo plazo esto tiene un impacto en el PIB, reduce el
gasto en salud del Estado.
La inocuidad de los alimentos es un factor clave que
el Estado, como diseñador de políticas públicas debe garantizar desde la producción, transporte,
almacenamiento y comercialización de los alimentos, es una responsabilidad que no se debe delegar. En nuestro
mercado esos son temas que no se debaten.
La oferta de alimentos para el consumo de las
personas, en el mercado local se orienta por el libertinaje de los actores que
participan, donde los entes públicos
responsables de garantizar productos de calidad es un espectador del
proceso, y no un actor de primer nivel, cuando implementan los reglamentos
y normas que deben regular el sector de alimentación.
El déficit de seguridad en la calidad para producción
y comercialización de alimentos de consumo dirigido a la familia , es inmenso y
tiene como resultado enfermedades que impactan directamente en el presupuesto
de la familia dominicana, con impacto directo
incremento de enfermedades como la diabetes y de origen cardíaco como la presión alta.
De acuerda a estadísticas reciente, el 15% de la población dominicana tiene algún tipo de
diabetes, esta enfermedad está dentro de las tres primeras causas de muerte en
el país, de acuerdo
especialistas del área, un 5% de la población ignora que sufre de la enfermedad creando
un sub registro de la enfermedad.
En investigaciones realizadas por la Sociedad
Dominicana de Cardiología, conocida como EFRICARD, con una evaluación de seis
mil pacientes en los diferentes centros médicos, en diferentes regiones del
país, se determinó que el 30% de la población está afectado de hipertensión,
esta condición del dominicano lo hace vulnerable a eventos cardio vasculares o
cerebral.
Con las existencias de políticas públicas e
instituciones que implementen de manera responsables esas normativas y
reglamentos sobre hábitos y consumos de alimentos por parte de la población,
nuestros consumidores estarían más protegidos en los alimentos agrícolas e
industriales de consumo masivo en el hogar,
impactando de manera positiva en la salud del consumidor.
El gobierno dominicano a través del Ministro
Administrativo de la Presidencia, informó el Lunes, que amparado en la norma
RTD53, se prohibirá la entrada al país de productos lácteos que no tengan
etiquetas en el idiomas español y de esta manera hacer cumplir una norma en la
comercialización de productos y la utilización de los registros sanitarios
correspondientes.
En la reunión participaron
los Ministro de Industria y Comercio, ministro de Agricultura y Ministro de
Salud Pública, estos anuncios se deben recibir de manera positiva, pero no
resuelve el problema medular en el proceso de comercialización de productos
alimenticios.
Para garantizar un mayor acceso a productos a la familia,
la medida no debe comenzar por las etiquetas, donde el consumidor menos
informado puede
traducirlo a través de un traductor de idiomas en los buscadores digitales que
la gran mayoría de dominicanos tiene por el alto nivel de penetración de las
redes sociales.
El rol de los actores públicos es concertar un pacto
nacional para orientar, regular, controlar y sancionar al sector agrícola y el
sector industrial, en la producción, almacenamiento, transporte y entrega de
los productos al consumidor final, con la calidad e inocuidad suficiente que
impacte de manera positiva en la salud de las generaciones actuales y futuras
de consumidores nacionales.
La producción agrícola e industrial, la
comercialización y el consumo de bienes por parte de la familia dominicana, es
un sistema donde el Estado, Empresarios, y Consumidores forman una estructura
social y como actores, deben fomentar una relación comercial sustentada en
principio del valor para el consumidor y la familia.
La responsabilidad del Estado como diseñador de
políticas públicas, la responsabilidad social del empresariado entregando
productos que garanticen la salud de sus consumidores es fundamental en un
mundo globalizado, transparente, e informado.
El Estado debe re-diseñar de manera total, todas las
normas que regulan la producción de alimentos en la República Dominicana, con
la finalidad de garantizar que los insumos que se necesitan en producción de
alimentos agrícolas e industriales, cumplan con los estándares de calidad a
nivel mundial, además elevar los niveles calidad en proteínas, grasas y uso de
productos químicos para preservar los productos finales.
Las etiquetas son partes de los productos finales que
se compra en los puntos de ventas, que el consumidor no usa para su
alimentación final. Es una muy simple por parte de las autoridades públicas
comenzar a regular la comercialización con esa variable en el diseño del
producto.
La responsabilidad de
las instituciones del Estado, es fomentar en termino social generación con
mayor nivel de salud y reducir los niveles de diabetes y hipertensión en la
población dominicana.
Esta acción de
políticas públicas deben comenzar con revisar y re-diseñar las normas de calidad
en la producción y comercialización de los primeros veintes productos de origen
industriales que más frecuencia consumen la familia dominicana, principal mente
los grupos de menores ingresos, con bajos niveles de educación mínimo.
El Estado debe fortalecer la calidad de los insumos en
la producción de los bienes para la alimentación, los puntos de distribución
final donde las personas y las familias compran esos bienes, y fortalecer los
entes públicos responsables de garantizar que el proceso desde su inicio hasta
el final cumpla con las normas.
No son las etiquetas,
es primero obligar a los industriales cumplan con la normas de calidad, que
garantizan una mayor salud de la familia y una inversión menor del Estado en
gasto público para reducir las enfermedades propias de malos hábitos de
alimentación de población y productos con alto déficit de calidad por prácticas
empresariales sin responsabilidad social.
